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Los Gobiernos están retomando el control de servicios que antes habían vendido o externalizado al sector privado, por lo que el número global de empresas públicas ha aumentado en todo el mundo desde la última década.
Dentro de este interés renovado por la titularidad gubernamental, la corporatización es uno de los modelos más populares como lo demuestra Servicios públicos en el Sur Global: Mirada crítica a nuevas formas de gestión . Las entidades corporatizadas pertenecen y son gestionadas plenamente por el Estado, pero cuentan con cierto grado de autonomía jurídica y financiera.
Las compañías de agua y electricidad son los ejemplos habituales ( véa nuestro video ), aunque la práctica se extiende a un abanico mucho más amplio de bienes y servicios, como aeropuertos, universidades, y hospitales.
El objetivo principal de la corporatización es crear compañías de plena competencia, con gerentes independientes que solo asumen responsabilidades por el funcionamiento de su propia organización, y donde todos los gastos e ingresos se contabilizan como si fuera una compañía autónoma. Con esta compartimentación de competencias se busca crear una mayor transparencia financiera, reducir las injerencias políticas y fortalecer la rendición de cuentas gerencial.
Entrando en ámbitos más controvertidos, la corporatización se ha utilizado para crear culturas e ideologías del sector público favorables al mercado. Las empresas públicas de agua y electricidad, por ejemplo, se han gestionado de manera creciente como las privadas, a menudo con la intención explícita de la privatización total una vez se haya alcanzado el potencial de ganancias.
En otras palabras: puede que la corporatización sea ‛pública’ en teoría, pero no lo es necesariamente en la práctica. Más que ningún otro modelo de servicio público, la corporatización plantea cuestiones contradictorias y complejas sobre el significado de ‛lo público’ y el papel del Estado en el suministro de servicios esenciales.